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Antibioética
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ANTIBIOÉTICA

por   
José A.  Mainetti
Juan C.  
Tealdi
Pedro E.  Andrieu

 

Si entrelaza las normas de la tierra
y la justicia de los dioses permaneciendo
fiel al juramento prestado]
¡he ahí un ciudadano de primera!
             Sófocles, Antígona

 

Resumen

El presente trabajo propone una consideración bioética lato sensu acerca de la medicina y la salud en situaciones de conflicto como violencia organizada. Punto de partida es el origen histórico de la bioética en la crisis de la vida y de la ética que fue la Segunda Guerra Mundial. Seguidamente se relata la experiencia argentina en el conflicto subversivo común a varios países latinoamericanos durante las décadas del ‘70 y ‘80, abordando la relación de los médicos con la tortura y otras violaciones de los derechos humanos. En un tercer momento se procede al análisis moral de la tortura, con su patología paroxística del cuerpo político y su artera vulneración al ethos nuclear de la profesión médica. Se concluye asumiendo la lección del pasado y la responsabilidad de los médicos al servicio de la causa bioética, que hoy articula los derechos humanos, la salud pública y el progreso biomédico.

 

La crisis  bioética

"Pólemos es el padre de todas las cosas": la vieja fórmula de Heráclito ( Fr.53, DK) se verifica también con la historia de los derechos humanos y la ética  medica en el siglo XX. Al día siguiente de la Segunda Guerra Mundial -que fue la mayor crisis vital y moral de la Humanidad- nacen las instituciones y documentos internacionales a fin de proteger y regular los principios humanos y las normas de la medicina. Así, por un lado, la creación de las Naciones Unidas y su Declaración Universal de los Derechos del Hombre (1948 ); por otro lado, la constitución de la Asociación Médica Mundial y su Código Internacional de Ética Médica (1949). Pero este doble movimiento, con su múltiple expresión organizacional y textual a lo largo de la segunda mitad del siglo, se articula desde su origen y comienzo en el Juicio de Nuremberg, que sanciona literalmente la crisis (en gr. "juicio" y "separación") de la ética médica y los derechos del  hombre (1).

Concluida la Segunda Guerra Mundial, el proceso de Nuremberg por un Tribunal militar norteamericano a 20 médicos y tres administradores alemanes documentó el más notorio ejemplo de participación médica en abuso de los derechos humanos y crímenes contra la humanidad (2). La medicina prestó ideología científica al nazismo (higiene racial) y los médicos que sirvieron esa causa implementaron programas de eugenesia (esterilización masiva), eutanasia (eliminación de minusválidos), experimentación no-voluntaria y otros actos "profesionales" aberrantes (ejecuciones, torturas, ensayos de guerra bacteriológica, etc.). Corolario normativo del Juicio, el Código de Nuremberg (1947) postula 10 reglas para proteger la libertad y la dignidad de las personas de cara a las tentaciones, a los abusos y a las perversiones de la experimentación biomédíca in anima nobile. Es el texto fundacional del "giro bioético" en la ética médica y los derechos humanos, fuente de inspiración contemporánea de la una y de los otros (3). Nuremberg revela el punto de inflexión histórica en que los derechos humanos se biomedicalizan -orientándose a los problemas éticos suscitados por la ciencia y la técnica- y la ética médica se liberaliza, reaccionando al paternalismo tradicional con el respeto a la autonomía de los pacientes. A partir de la Segunda Guerra Mundial se rompe la armonía entre derechos humanos y tecnociencia que caracterizó al humanismo progresista moderno, pues desde entonces el poder  tecnocientífico toma prioridad respecto del poder político (4). Si la Física perdió su inocencia con la bomba nuclear que puso fin a la contienda, la Biología también empezaba a perder la suya con la razón  eugenésica y la experimentación bárbara del régimen nazi. La medicina "sin humanidad" o "alienada" del holocausto no fue sólo una perversión política o del Estado, sino también un signo de la violencia manipuladora de una tecnociencia biomédica que se revelaría capaz de modificar la naturaleza cósmica (biosfera) y la naturaleza humana, amenazando la libertad y dignidad del hombre (5). Bioética es el nombre de esa ética de la vida en el entredicho del progreso tecnocientífico, polarizado por una visión mesiánica y otra apocalíptica del mismo.

Coincidentemente, la bioética como nueva ética médica se inscribe en el movimiento general de los derechos humanos tras la Segunda Guerra Mundial, movimiento que se traduce durante los  años 60 en la sociedad norteamericana por una reivindicación de los valores de individualidad, libertad y autonomía. Este nuevo lenguaje -el de los derechos, genéricamente civiles o de los consumidores- resulta en parte una reacción ante el poder del Estado que estaba fracasando estruendosamente en Vietnam (1965-1973), pero es también una reacción frente al avance del poder biomédico, según testimonian los derechos del paciente, que invierten los términos del código profesional. No por azar la fórmula de la bioética norteamericana  -bios tecnocientífico y ethos liberal- se vuelve explosiva a propósito de la investigación con seres humanos, de cuya normativa surge el modelo disciplinario de los principios (beneficio, autonomía y justicia) (6). El  movímiento autonomista o liberal de la ética médica acentúa el individualismo de la tradición hipocrática y mira con recelo a la tradición platónica de la medicina política o servidora de la pólis, que el filósofo privilegia en su República y cuyo "slippery slope" recorrerían los totalitarismos del siglo XX hasta sus más trágicas consecuencias.

La normalización bioética de los derechos humanos y de la ética médica, por parte de los organismos internacionales respectivos, encuentra un carril común en la investigación biomédica, siguiendo y perfeccionando las directivas del Código de Nuremberg (7). Pero salvar la imagen de la medicina científica no es suficiente protección del derecho y el respeto a la vida, que implica la dignidad de la persona humana y su integridad física. Una zona gris, de confusión y disociación entre los derechos humanos y la ética médica, revela la doble vulnerabilidad, jurídica y física del ser humano. Un doble registro de documentos -en las Naciones Unidas y en la Asociación Médica Mundial- prohibe los "tratamientos" (también el lenguaje se medicaliza) crueles, inhumanos o degradantes (8). La tortura no es sólo un desafío para congeniar derecho y medicina, sino también la conciencia de una crisis o disociación entre los principios y las prácticas. Por su actualidad, su geografía planetaria, su utilización por diferentes ideologías y regímenes, sus nuevas técnicas y finalidades, la tortura constituye acaso un problema epidémico o de salud pública. En la última década se aprecia una creciente sensibilidad de las organizaciones médicas para este problema, expresada en servicios asistenciales, en conferencias internacionales, trabajos y acciones como las del llamado "Grupo de Montevideo" (9). Así América latina entra en la escena finisecular de la epicrisis bioética de Nuremberg.

 

Nunca más

Con la revolución cubana -bien recibida en todo el mundo como victoria contra la dictadura típicamente latinoamericana de Batista- se extendió por América Latina, durante la década del 60, la ideología anticapitalista y la metodología del terrorismo y la guerrilla para la toma del poder. Como contrapartida, se desarrolló rápidamente en las fuerzas armadas de AL la estrategia francesa de la lucha antiguerrillera y antiterrorista (guerra de Argelia), y tomó cuerpo la "doctrina de la seguridad nacional" elaborada por USA y trasladada al entrenamiento operativo con la "Escuela de las Américas" del ejercito de USA en Panamá. Por dicha escuela pasaron muchos miles de oficiales militares de AL, entre ellos buena parte de los que encabezaron o tuvieron roles importantes en los golpes, gobiernos militares y represiones de los años 60 o 70 (10).

En el caso argentino, a los habituales argumentos subversivos de liberación (pregonados tanto por los pensadores y extremistas de derecha como de izquierda, y abonados por el nihilismo neoanarquista de esos años) se sumaron otras razones de la historia política reciente del país, caracterizada por la quiebra del sistema democrático a partir de 1930. El golpe militar que en 1955 derribó al General Perón -líder político de los sectores populares que lo eligieron por las urnas Presidente en 1946 y nuevamente en 1952- instaló la proscripción del peronismo, celosamente resguardada por los militares hasta 1973 (1l). Durante los años 60 aparecen grupos guerrilleros originados en las diversas formas del marxismo, con actuación sobre todo rural, y desde 1969 opera con asesinatos y actos terroristas un nuevo grupo guerrillero, autodenominado "peronista revolucionario" (cuyos dirigentes provenían de la extrema derecha católica) (12).

Reinstalado Perón en el poder (1973) y como gobierno electo en 1974, se enfrentan la izquierda y la derecha del movimiento peronista generalizándose la lucha armada. Los guerrilleros (ahora fusionados los grupos peronistas y marxistas) continúan efectuando tomas, asesinando y secuestrando, mientras otro tanto hace la triple A (Alianza Anticomunista Argentina), grupo parapolicial que habría estado integrado por mercenarios excombatientes de Argelia. Tras la muerte de Perón ( julio de 1974) la situación política, primero, y la económica, después, se deterioran. A fines de 1975, el presidente interino Italo Luder ordena por decreto a las Fuerzas Armadas Argentinas la "aniquilación" de la guerrilla, dando origen y pie a las discusiones éticas y jurídicas que sobrevendrían. ¿Significaba "aniquilar" utilizar cualquier medio que pareciera necesario a los responsables de las acciones, aún cuando violara normas constitucionales y legales, o era la orden de "iniciar" un combate en defensa del estado y de la sociedad, con los medios y los procedimientos y garantías que la Constitución y la ley establecen? (13)

Las F.F.A.A. y la policía que les estaba subordinada se tomaron de la primera interpretación. Llevaron a cabo una escalada de acciones, comenzando por actividades de inteligencia que conducían a detenciones en la mayoría de los casos clandestinas e ilegales. Dada la estructura celular de la guerrilla, el aislamiento, el mantener a los detenidos encapuchados o con los ojos vendados durante largo tiempo, y finalmente la tortura mediante métodos que habrían llegado a los extremos más aberrantes (tales como la violación pública y la sustracción de hijos nacidos en cautiverio), procuraron quebrar la resistencia de los detenidos a suministrar información. Algunos de los que hablaron fueron "premiados", pero la mayoría de ellos habría sido muerta una vez terminada su utilidad, engrosando la lista de los desaparecidos, ya que en la generalidad de los casos los cuerpos no fueron entregados, sino arrojados al mar, destruidos, o enterrados en lugares sin identificación.

Si bien muchos analistas consideran que para marzo de 1976 la capacidad operativa de la guerrilla estaba destruida, la crisis económica y la extrema debilidad política y de la gestión del gobierno, más la vernácula tradición golpista alentaron a los militares a tomar el poder el 24 de marzo de 1976. La dictadura militar continuó  implacablemente por los mismos métodos la destrucción de la guerrilla, contando ahora con la total  impunidad legal y con una justicia paralizada (14). Al finalizar las operaciones contra la guerrilla en 1979, quedaba en pie el problema de los "desaparecidos", frente a la creciente presión internacional, a la cual no se pudo responder eficazmente. Cuando en 1981 estalló una gran crisis bancaria y financiera, y el plan económico se derrumbó, la necesidad de justificarse del gobierno militar de turno se volvió más evidente y acuciante que nunca. El desembarco en Malvinas en abril de 1982, unió y movilizó tras ese reclamo legítimo y compartido a la inmensa mayoría de la población. La derrota militar en Malvinas en junio de 1982 marcó el comienzo del fin de los gobiernos militares. En los días previos a la entrega del poder, se ordenó la destrucción de toda la documentación relacionada con la lucha antisubversiva, lo cual, aparentemente, se cumplió en forma total y minuciosa; otro tanto ocurrió con lugares de detención clandestinos (15).

El presidente electo Dr. Raúl Alfonsín, de la UCR, se hizo cargo el 10 de diciembre de 1983. Cinco días más tarde creó por decreto la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas  (CONADEP). La presidió el escritor Ernesto Sábato e integraron nueve personalidades religiosas,  académicas y de cultura. El 20 de setiembre entregó su informe al Presidente Alfonsín. Encontró que el accionar militar y policial había sido orgánico y sistemático, con lo cual las torturas y desapariciones no eran el producto de excesos ni de errores de subordinados, como habían sostenido los militares. La Comisión informó que había recibido varios miles de declaraciones y testimonios, verificado o determinado la existencia de unos 340 lugares clandestinos de detención, y acumulado más de 50.000 páginas de documentos, elevando una nómina de 8.960 desaparecidos (16). De todos modos, la naturaleza de las acciones guerrilleras, militares y policiales en proceso del tipo analizado, no hace fácil la prueba de los hechos para producir condenas. Ello pudo comprobarse cuando sobre la base del Informe de la Comisión, el gobierno del Dr. Alfonsín inició acciones judiciales contra los militares  involucrados.

Las demoras y resistencias a llevar a cabo el procesamiento por parte de los tribunales militares originaron el traslado de las acciones a tribunales civiles. Las resistencias a comparecer y ser juzgados de parte de numerosos oficiales en actividad, que incluyeron desobediencias linderas con la insurrección en más de una oportunidad, llevaron al gobierno del Dr. Alfonsín a propiciar y obtener la sanción de las leyes de "Punto Final" y "Obediencia Debida" (17). El efecto de estas últimas fue establecer que los oficiales de menor graduación habían actuado orgánicamente, y por tanto, cumplido órdenes de sus superiores. Consecuentemente,  el juzgamiento se redujo a los miembros de las sucesivas Juntas  Militares, y a unos pocos oficiales superiores más, que fueron condenados. Así, el propio estado argentino por  internedio de sus Tribunales de Justicia dejó claramente establecido que el estado no puede actuar fuera de la ley, ni aún bajo la real o pretextada necesidad de defender su existencia y su accionar contra un enemigo subversivo y encubierto (18).

Las resistencias militares a los juicios, y el achicamiento de las FFAA dispuesto por el gobierno del Dr. Alfonsín, primero, y por el del Dr. Menem al asumir en medio de una crisis  híperinflacionaria en julio de 1989, culminaron y finalizaron con la rebelión "carapintada" de comienzos de diciembre de 1990, sangríentamente derrotada. Posteriormente, el presidente Menem indultó a todos los militares condenados, al igual que a algunos jefes guerrilleros, en aras de la pacificación nacional. Como secuelas de este proceso, todavía perduran cuestionamientos internos y los juicios abiertos en el exterior, particularmente Francia, España e Italia, por crímenes contra nacionales de esos países o con doble nacionalidad. Igualmente, la búsqueda de menores nacidos en cautiverio de sus madres y entregados en adopción por los militares con documentación falsa, y algunos juicios por la tenencia de menores encontrados en dicha situación, después de muchos años (19).

Al reformarse la Constitución Nacional Argentina en 1994, el país dió jerarquía constitucional a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, a la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, y consecuentemente, jurisdicción a la Comisión y a la Corte instituídos por la misma, y a la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Con ello se asegura que lo que sucedió, no se repita jamás. Precisamente, el resumen del informe publicado por la  CONADEP se titula Nunca más (20).

 

Política del dolor

El conocimiento de las desapariciones y torturas practicadas por la dictadura militar a las personas detenidas fue temprano (2l). Contrariamente, la participación de médicos y otros profesionales sanitarios en violaciones a los derechos humanos se conocería con el Informe Sábato y otros testimonios posteriores (22). A diferencia de la participación médica en el nazismo, los médicos involucrados con la tortura en Argentina no mostraron ningún interés científico por inmoral que éste fuera. Hay tres tipos dominantes entre todos ellos que pueden diferenciarse por su grado de conflicto entre causa profesional y causa política. El médico militar privilegió su compromiso de cuerpo y puede suponerse que la casi totalidad de los mismos tuvieron una participación activa o por  omisión en el sistema represivo, dejando a un costado las obligaciones morales de la medicina. El médico policial, del que se puede estimar un porcentaje mucho menor de participación activa o pasiva, quedó más librado a las actitudes individuales con un nivel más alto de conflicto entre sus obligaciones morales comunitarias y científicas y las de su rol de miembro de las fuerzas de seguridad (23). Y por último el médico legista o forense, con un mayor o menor grado de participación por omisión en diversas situaciones, variable también según los casos individuales, pero siempre más cercano al cumplimiento de sus obligaciones como médico que a una activa participación en los hechos. Fuera de estos tres tipos, quedaría el gran conjunto de los médicos sin relación próxima a las fuerzas de Seguridad o el Poder Judicial y con una participación más dependiente de su ideología y convicciones morales que de cualquier otra cuestión (24).

Aunque de manera no tan ostensible como en Uruguay y Chile, en Argentina también el cuerpo médico reaccionó a la herida públicamente abierta por la tortura en el ethos profesional. Las acciones contra la tortura suelen registrarse como prevención de la misma y tratamiento de sus víctimas, según la jerga de la comunidad médica internacional; la prevención, a su turno, se divide en primaria (proscripción moral y legal), secundaria (investigación casuística) y terciaria (prosecución de los torturadores). Las asociaciones médicas argentinas incorporaron a sus códigos deontológicos nuevas previsiones sobre "tortura u otros tratamientos crueles, inhumanos o degradantes"; se constituyeron algunas comisiones investigadoras y grupos de estudio, y un Tribunal Etico de la Salud contra la Impunidad se formó en Buenos Aires en diciembre de 1987, denunciando e inculpando moralmente a tres médicos (uno militar, otro policial y forense el tercero); un nuevo grupo de pacientes, los sobrevivientes de la tortura, requieren de la atención médica, incluidos los hijos de los desaparecidos -y sobre este tema tristemente célebre hay que apuntar la contribución original de la ciencia médica argentina a la identificación genética de los niños entregados en adopción ilegal. Si bien todavía son contados los estudios empíricos y las reflexiones teóricas sobre el abuso político de la medicina en el pasado argentino reciente, la conciencia moral de la profesión médica se ha agudizado al respecto, del mismo modo que se ha afianzado el compromiso social de los médicos (25).

De la naturaleza e historia de la tortura se desprende su universal inmoralidad, y paradójica inmoralidad para la institución médica involucrada. La palabra "tortura" (del latín torto = torcer; tortus = torcido) pertenece a la metafórica del lenguaje moral, sancionando la intuición de algo física y moralmente incorrecto, lo contrario de la rectitud o derechura en ambos sentidos. La tortura consiste en el acto físico de infligir dolor y en el acto verbal de la interrogación; su lógica "tortuosa" convierte la pena o castigo (en inglés pain = dolor, proviene del latín poena) en ficción de poder. Derecho y medicina, justicia y salud son las dos instituciones siempre presentes en la tortura porque ellas representan la construcción institucional del cuerpo y el estado. De ahí que se pueda describir fenomenológicamente la tortura como una patología del cuerpo político, pues deconstruye el derecho mediante la inversión del juicio (no se busca la evidencia para el castigo sino el castigo para la evidencia) y deconstruye la medicina mediante la inversión del acto médico, que se vuelve a la vez causa y justificación del dolor (26).

La universal y  milenaria historia de la tortura se confunde en el interminable infierno e inventario de la criminalidad humana. Su empleo ha sido normal hasta la Revolución Francesa, que la abole con la primera declaración de los Derechos Humanos por atentar a la dignidad del hombre. Si bien declina aparentemente durante el siglo XIX para resurgir en la Segunda Guerra Mundial, coincidiendo con el movimiento humanitarista (por ejemplo la Cruz Roja Internacional y los derechos de los heridos de ambos bandos), conviene recordar las enseñanzas de Foucault acerca del nacimiento de las prisiones junto con la desaparición del cuerpo supliciado, expuesto vivo o muerto, ofrecido en espectáculo; cuando el ceremonial de la pena va a entrar en la sombra, donde el castigo pasará a convertirse en la parte oculta del proceso penal. En suma, reducción e intensificación del espacio del tormento, que de público se hace oculto, o mejor semi-oculto para cumplir la política del terror (27).

También histórica es la participación de los médicos en la tortura, según tres principales formas de compromiso: a) investigación (e invención de métodos de tortura, por ejemplo  farmacológicos);  b) docencia (enseñanza de los conocimientos médicos a los torturadores); y  c) asistencia (intervención activa o pasiva en el procedimiento, monitoreándolo o encubriéndolo). La deslegitimación de los médicos en la tortura ha dependido más de la ilegalidad de ésta que de la ética médica tradicional. A pesar del Juramento  Hipocrático, no existían penalidades para los médicos que participaban en la tortura judicial (Inquisición, guerra, policía,  etc.). La razón es quizás que la acción conforme a la ley se consideraba por encima de la obligación profesional de cuidado, de modo que el médico como servidor del Estado actuaba en interés de éste y no del paciente, más de acuerdo a la moral médica platónica del beneficio público que a la tradición hipocrática del beneficio individual. En cualquier caso la sensibilidad moral para la tortura en nuestro tiempo responde a una nueva elaboración institucional, médica y jurídica, del cuerpo político (28).

Pese a su intuíble inmoralidad estructural e histórica, la facticidad de la tortura no carece de argumentos morales que intentan justificarla eventualmente (29). Ciertos casos reales o imaginarios pueden plantearse para los que en estricto utilitarismo de acto el fin justifique los medios y el uso de la tortura sea un mal menor, ejemplificando el dilema trágico de las "manos sucias" (lo cual justamente no invalida la prohibición por principio de la tortura) (30). En cualquier caso, dicha situación es desde el punto de vista moral doblemente comprometida para el médico, puesto que no viola solamente los derechos de sus víctimas sino que traiciona las obligaciones con su profesión: Primero es el paciente, éste es el fin sin "causas" de la medicina, de lo que se desprende el protagonismo de los médicos contra la tortura; por su profesión, ellos son la conciencia de la sociedad, a quienes ésta confía no sólo las técnicas del cuidado de la salud, sino también las virtudes morales de servicio a una noble causa. Pero no se trata de sostener una posición principista desde la supuesta razón pura de la medicina, ajena a la naturaleza de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, de cuya facticidad podría desentenderse la profesión médica inculpando únicamente a individuos aberrantes. Se trata por el contrario de abordar con lucidez y valor la patología del cuerpo político, explorando el compromiso de los médicos en las zonas grises, las zonas de riesgo y las zonas fronterizas por las que transita la medicalización de la vida, incluída la medicalización (¿humanización?) de la tortura (3l).

 

La causa  bioética

Muchas son las lecciones que los médicos y la sociedad debemos aprender y no echar al olvido en Argentina del pasado universal y nacional. Pero una lección singular se desprende para la causa bioética -la ética de la vida en el fin de siglo-, que nació con la falta original de los médicos nazis y treinta años después daría sus epígonos con el abuso político de la medicina en el Cono Sur Latinoamericano. Asi como el espectro del holocausto constituye un constante desafío a la bioética internacional, la sombra del propio genocidio se proyecta sobre el escenario bioético vernáculo (32). En base a la fenomenología de la tortura es posible una hermenéutica moral de la misma y señalar cinco moralejas para la experiencia histórica argentina, que llamaremos las moralejas de la resistencia, de la coerción, de la violencia, de la antibioética y de la probioética.

La moraleja de la resistencia a admitir un doloroso pasado, investigarlo y aclararlo, parte de un mecanismo de defensa que la tortura torna evidente. El dolor físico es el dolor de cada uno, inexpresable, carente de voz, inaccesible al discurso; y esta privación del lenguaje favorece que de eso no se hable y con el silencio y el ocultamiento seamos más vulnerables. Respecto de su último ominoso pasado, la sociedad argentina se ha debatido entre la voluntad de saber y el deseo de no saber, sin alcanzar quizás un justo equilibrio. Se trata del mitológico conflicto entre Mnemosyne -la memoria, madre de las musas- y Leteo, el río del olvido, en los confines de la vida y la muerte. Asumir esta incomodidad de la historia significa la salud moral para no repetirla (33).

La moraleja de la coerción se recorta sobre la vieja polémica del fin y los medios, según la lógica de la tortura o crudo utilitarismo que justifica el sacrificio de unos pocos para el beneficio de muchos. Proponiendo comprender el significado simbólico de las acciones para responder "a la cuestión de si la coerción resulta (a veces) necesaria para mantener la cooperación...", Robert Nozick ha analizado el llamado "dilema del prisionero" desde una crítica a la teoría estándar de la decisión racional (34). Frente a la utilidad del resultado que conduce a la acción dominante como opción racional, y a la probabilidad condicional que lleva a la utilidad en sí de una acción cooperativa en acuerdo con la teoría evidencial de la decisión, Nozick entiende que de manera más fuerte cabe sostenerse que la utilidad de una acción puede ser una utilidad simbólica. En cierto modo se ha dicho que en Argentina estamos frente a una democracia cautiva, donde el pragmatismo político dejó de perseguir fines para perseguir resultados, perdiéndose el valor simbólico de una acción política desconectada del mundo de los valores morales comunitarios.

La moraleja de la violencia que arranca la voz en la tortura es la razón dialógica que proscribe la violencia en la democracia. El discurso y la violencia son los contrarios fundamentales de la existencia humana, al decir de Ricoeur (35), y el valor de la convivencia democrática reside justamente en una ética mínima o procedimental para la resolución de conflictos sin apelar a la fuerza como metodología. La racionalidad abierta y tolerante es el único antídoto contra el fanatismo siempre presente en el espacio ideológico en el que ocurre la violencia, porque ambos, fanatismo y violencia coinciden en el objetivo esencial: la destrucción del "otro" como condición o realidad. La descalificación del fanatismo violento constituye un imperativo moral de la sociedad argentina, en la que aquel representa una de las enfermedades más peligrosas para la convivencia, y en su lugar construir una ética civil pluralista y democrática.

La moraleja de la antibioética se refiere al antimodelo disciplinario que paradigmáticamente encarna la tortura por su negación sistemática de los principios bioéticos (beneficencia-autonomía-justicia), en cuanto acción de naturaleza maleficente, anuladora del sujeto moral e ilegítima. Contrario sensu y contra tortura, la moraleja de la causa bioética para el cuerpo político de Argentina está en la defensa de esos principios de libertad, equidad y bienestar, articulados respectivamente en torno a los derechos humanos, la salud pública y el progreso biomédico. Pues en el panorama bioético del país se destaca, en primer lugar, un paternalismo médico que en una u otra medida no respeta la autonomía del paciente y tampoco cumple habitualmente con el consentimiento  informado conocido desde el Código de Nuremberg (36). En segundo término, se observa una salud pública abandonada por el Estado desregulador, que no administra justicia distributiva de los recursos sanitarios (37). Y por último, es dominante una posición reaccionaria frente a la tecnocíencia bíomédica, que aleja a la sociedad de los beneficios del progreso (38).

Como síntesis de esta triple causa bioética pro domo  sua, valga el ejemplo del SIDA, epidemia "bioética" por antonomasia y "suma patológica" o "Montaña mágica" del siglo XX (39). Según ha demostrado recientemente uno de nosotros  (Tealdi), las respuestas legales y políticas argentinas al SIDA tejen una trama que se remonta a aquella etapa histórica traumática para nuestra sociedad, lo cual explica que "la Argentina no haya podido articular una adecuada campaña preventiva contra la epidemia y que los preservativos y las agujas del SIDA se hayan convertido por ‘renegación’ en símbolos más importantes de una política de Estado que las capuchas y picanas de los desaparecidos" (40).

Bioética es la manera de pensar la medicina en el umbral del tercer milenio, una medicina que no sólo ha conquistado inédito poder tecnocientifico sino también no menos novedosa dimensión humana, convocante de la filosofía, la teología, el derecho y la política. La medicina argentina, por su muy noble tradición, debe servir la causa bioética y ocupar internacionalmente el lugar merecido, que no es justamente el banquillo de los acusados.

 

 

Documentación
(sobre los médicos y la tortura en Argentina)

I. Algunos casos del Nunca más (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Nunca Más. Barcelona, Seix Barral/Eudeba, 1985; 1ra. Edición, Buenos Aires,  Eudeba, 1984)

"Los centros clandestinos de detención fueron ante todo centros de tortura, contando para ello con personal ‘especializado’ y ámbitos acondicionados a tal fin, llamados eufemísticamente ‘quirófanos’, y toda una gama de implementos utilizados en las distintas técnicas de tormento" (pág. 62).

Legajo N° 4500. Caso Juan Di Bernardo. "Mi hijo estaba  internado en el Hospital Alvear a consecuencia de haber sido atropellado por un automóvil. Tenía programada una intervención quirúrgica para el 15/5/78. La noche del día 12/5/78, se presentaron algunos sujetos con guardapolvos blancos. Iban armados. Obligaron a los pacientes internados en la sala 14 de traumatología a permanecer en sus camas y taparse las caras con las sábanas. Estos sujetos pasaron a Juan a una camilla, lo cubrieron y se lo llevaron en una ambulancia".

Legajo N° 7397. Caso Norberto Liwsky. "Ya atado, la primera voz que oí fue la de alguien que dijo ser médico y me ínformó de la gravedad de las hemorragias en las piernas, y que por eso, no intentara ninguna resistencia".

Legajo N° 6837. Caso Oscar Martín Guidone. "Lo llevan a la guardia en una situación muy mala, tal es así que la gente que estaba detenida en la cuadra, comenzó a golpear las rejas pidiendo que fuera inmendiatamente atendido. Es llevado al Hospital Militar de Mendoza, en un camión donde es atendido por médicos de dicho nosocomio. Le colocan guardias armados en las puertas (...) Luego se realiza una junta médica, manifestándole que sabían que el dicente estudiaba medicina, diciéndole que sabría lo que era una segunda eclosión de bazo, así que tendrían que operarlo. Lo operan en dicho nosocomio al día siguiente..."

Legajo N° 3847. Caso Luis Alberto Urquiza. "... Entonces comienzan los golpes. Al día siguiente soy nuevamente golpeado (...) Siento que tengo varias costillas fracturadas por el fuerte dolor al respirar (...) ... efectúa tres disparos uno de los cuales me atraviesa la pierna derecha ... me revisa un médico, me coloca una inyección y me da calmantes pero no se me suministra ningún otro tipo de medicamentos, y mi pierna es vendada. El médico era el médico forense de guardia del Policlínico Policial de esa fecha".

Legajo N° 3721. Caso Horacio Miño Retamozo. "La ‘picana’ era manejada como un bisturí y el ‘especialista’ era guiado por un médico que decía si podía aguantar más".

Legajo N° 7225. Caso Carlos Hugo Basso. "Por un período de tiempo que calculo en una hora, me aplicaron descargas eléctricas en los lugares más sensibles del cuerpo... Luego de este espacio de tiempo alguien me aplicó un estetoscopio en el pecho y me desataron..."

Legajo N° 6532. Caso A.N. "Estando la dicente una noche en su celda, llega un hombre a ésta, quien la ata, la golpea y amenazándola, la viola (...). La dicente deja constancia de que cuando sucedió lo manifestado contaba con 17 años... (...) Una vez en el Batallón son revisados por un médico y alojados en una construcción precaria."

Legajo N° 2356. Caso M de M. "A través de los pies y de las manos le pasaban corriente por todo el cuerpo. Como tenía esas convulsiones, se enojaban más porque a ella le saltaba el cuerpo constantemente, venía el médico y la revisaba... (...) Lo que recuerda, sí, es que en algún momento la inyectaron, pero ella sabia que después de eso venía el médico, que estaba continuamente ahí,  mientras la torturaban".

Legajo  N° 1583. Caso  N.N.B. ".. a los dos dias de ser internada me revisó un médico llamado Víctor, también secuestrado, desde hacía un año, quien tenía acento cordobés y trataba duramente a los detenidos. Me prescribió un tratamiento con coagulantes. Supe de Víctor que pese a su condición de detenido, era trasladado a distintos pozos para la atención médica de los secuestrados".

Legajo N° 3524. Caso Roberto Omar Ramírez. "Todos aquellos secuestrados que debían cubrir alguna tarea de manera estable (...) constituían un grupo denominado ‘Consejo’ (...). La composición del ‘Consejo’ varió después de cada traslado, si algún secuestrado que lo integraba dejaba el campo por esa vía. Los únicos estables eran los colaboradores integrantes de la ‘inteligencia del campo’ y los afectados a tareas de médico y falsificación de documentación. Las otras funciones sufrieron varias renovaciones".

Legajo  N° 4482. Caso Pilar Calveira de Campiglia. "Al caer me rompí el brazo y el talón izquierdo, dos o tres vértebras y algunas costillas (...) El jueves me volvieron a llevar a la sala de torturas, en brazos, porque no podía moverme (...). En los últimos días de mayo me sacaron de noche en una camioneta, sucia y vendada, a un hospital donde me  enyesaron el brazo, la pierna y el tórax. Para sacarme los yesos me llevaron al mismo lugar sin vendas, y pude reconocer el Hospital Aeronáutico Central..."

 

II. Algunos casos de Entre la obediencia y la oposición, de Horacío Riquelme (Riquelme, Horacio. Entre la obediencia y la oposición. Los médicos y la ética profesional bajo la dictadura militar. Caracas, Editorial Nueva Sociedad, 1995).

 

P. 44-45. Caso Jacobo Timerman: "... él me tomó del brazo y muy suavemente (dijo): Tú sabes,  Jacobo, que nosotros los médicos tenemos algunos secretos... Mirá aquí: esto azul es una de tus arterias y yo puedo inyectar (-te algo) aquí. Tú sabes que nosotros tenemos ciertas sustancias para hacerte hablar, pero eso siempre es lamentable porque ellas también afectan tu cerebro. Así, por qué tú no hablas ahora y quedamos tan amigos".

P. 46. Caso Norberto Liwsky: "En esos días hay una segunda.. intervención de (el doctor) Vidal que es relación a un comentario que le hace a uno de los  torturadores, casi textualmente: ‘Por el día cuarto o quinto de tortura hay que insistir porque entonces la acetilcolina se está agotando y a partir de allí sabemos que toda posibilidad de resistencia es vana’. Comentario éste... que indicaba un conocimiento de los mecanismos (fisiológicos) que intervienen en el proceso de aplicación de las torturas ... Uno o dos días después, continuando con las torturas y de acuerdo a la información de que se me iba a torturar junto a mis dos hijas de 3 y 6 años en ese momento, Ana y Julieta, es consultado (el doctor) Vidal por el operador más directo de tortura, el comisario Raffo, acerca de las condiciones a considerar para aplicar tortura en niños. Fue muy categórica la respuesta de (el doctor) Vidal diciendo que a partir de los 25 kilos ya era posible la aplicación de la  picana eléctrica".

P. 49. Caso Carlos Sanabria: "Mientras estaba en ‘La Escuelita’ recibí atención médica en dos ocasiones. Una vez durante una sesión de tortura y estando aún vendado, alguien auscultó mi corazón y mis pulmones con un estetoscopio. Después se hicieron pruebas de orina debido a que uno de mis riñones había sido afectado. Me sentí como un animal en un experimento de laboratorio, con un profesional que atendía a  mis funciones vitales pero que no me consideraba como ser humano".

P. 49. Caso Francisco Tropeano. "Todos oíamos cuando alguno era sacado del galpón principal para ser torturado con picana eléctrica. Presumo que había un médico indicando cuándo debían parar".

P. 55. Caso Carlos Oscar Lorenzo. "... El padre Amador nos manda a Monseñor Graselli, quien nos dice que los jóvenes.. son bien tratados ... Manifiesta que Videla ha sido el alma caritativa que urdió el plan para no perder las inteligencias... dice que trabaja con los jóvenes con psicólogos y sociólogos, que hay cuerpos médicos para la salud, y que a los irrecuperables, es posible que ‘alguien piadoso’ les dé una inyección y el irrecuperable se duerme para siempre..."

P. 55. Caso Julio Alberto Emmed. "Se desciende a los tres cuerpos de los tres ex subversivos que en esos momentos estaban vivos. Los tiran a los tres sobre el pasto, el médico (Jorge Antonio Bergés) les aplica dos inyecciones a cada uno, directamente en el corazón, con un líquido rojizo que era veneno. Dos mueren, pero el médico da a los tres por muertos..."

 P. 58-59. Del Informe Sábato. Los médicos forenses realizan autopsias y luego los cadáveres eran inhumados como NN, sin dar conocimiento a la Cámara Penal. El decano del Cuerpo Médico Forense, Dr. Daverio dice que la Cámara Penal tenía conocimiento de estos hechos y que ellos habían solicitado más médicos debido al número creciente de cadáveres.

P. 60. Expedir certificados falsos de defunción, de "muertes por enfrentamiento", cuando era obvio que los sujetos habían sido fusilados.

P. 64. En la ESMA, a cargo de la lista de niños nacidos en cautiverio estaba una ginecóloga.

P. 65. Caso Adríana Calvo de Laborde: "Allí estaba el mismo médico que había atendido a Inés Ortega de  Fossatti. En el auto cortó el cordón (umbilical) y me subieron uno o dós pisos hasta un lugar donde me sacaron la placenta. Me hicieron desnudar y frente al oficial de guardia tuve que lavar la camilla, el piso, mi vestido, recoger la placenta y, por fin me dejaron lavar a mi beba, todo en medio de insultos y amenazas..."

P. 66. Caso Justo H. Blanco: "Alrededor de las 7 de la mañana, yo había permanecido despierto por el trabajo que  insume la guardia de obstetricia, y regresa este policía y este médico Bergés y se llevan a la puérpera en una camioneta  particular, en la caja, acostada y no volvimos a tener más noticias de ella".

P. 72. Abusos en hospitales: en el policlínico Alejandro Posadas de Haedo funcionó un Centro Clandestino de Detención que actuaba cordinadamente con las comisadas de Castelar y Morón, con la  Superintendencia de Seguridad Federal y el Grupo de Tareas de Aeronáutica.

P. 79-80. Tribunal Etico de la Salud contra la Impunidad, 3 de diciembre de 1987, juzgó in absentia a tres médicos: "La metodología represiva necesitaba para su implementación de la participación de médicos. Estos evaluaban los niveles de resistencia de los prisioneros a los tormentos. Dirigían y controlaban la prolongación del sufrimiento, a fin de poder obtener el máximo de información. (...) Y también paticipaban en el robo de niños secuestrados y nacidos en cautiverio, a través de asistencia a las detenidas-desaparecidas parturientas y de los falsos certificados...". Los tres médicos acusados: Coronel Médico Julio Ricardo Esteves, Médico Poficial Jorge Antonio Bergés y Médico Forense Héctor Jorge Vidal.

 

REFERENCIAS

1. Sobre dicha crisis de la ética médica y los derechos del hombre, seguimos en general los lineaminentos de Claire Ambroselli: Le comité d’ éthique, P.U.F., París 1990; y de la misma autora, también L’ éthique médicale, P.U.F., París, 1988.

2. El "Juicio a los médicos", también llamado el "Caso Médico", es uno de los juicios de Nuremberg. Designado como "United States of America v. Karl Brandt et al.", fue el caso N° 1 del Tribunal Mlítar I, realizado bajo los auspicios militares de la "Declaracíón de Moscú sobre las Atrocidades Alemanas" firmada por Roosvelt, Churchill y Stalin el 1 de noviembre de 1943; la "Orden Ejecutiva 9547" del 2 de mayo de 1945 firmada por Truman; y el "Acuerdo de Londres" firmado el 8 de agosto de 1945 por los Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y la Unión Soviética. El 20 de diciembre de 1945 se firmó la Ley del Consejo de Control N° 10 que establecía el castigo por crímenes de guerra, contra la paz y contra la humanidad. El juicio se abrió el 9 de diciembre de 1946 y tuvo pronunciamiento el 19 de agosto de 1947. Al día siguiente, le fue impuesta la pena de muerte por horca a siete médicos: Karl Brandt, Rudolf Brandt, Karl Gebhardt, Joachin Mrugowsky, Víctor Brack, Wolfram Sievers y Waldemer Hoven. El veredicto de culpabilidad fue por crímenes de guerra y crimenes contra la humanidad con pruebas documentales de los experimentos médicos que abarcaban desde pruebas de supervivencias bajo situaciones de hambre,  congelamiento, infecciones provocadas, exposición a gas mostaza, etc., hasta diversas mutilaciones quirúrgicas y actos de esterilización y eugenesia. El juicio concluyó con la enumeración de un código de diez puntos sobre ética de la experimentación en humanos conocido como Código de Nuremberg. El Jefe del Consejo de Crímenes de Guerra, Brigadier General Telford Taylor sostuvo en su declaración de apertura del Tribunal: "Los acusados en este caso tienen cargos de asesinato, torturas y otras atrocidades cometidas en nombre de la ciencia médica. Las víctimas de estos crímenes se cuentan por cientos de miles". Cf.  Annas, Georges J., Grodin, Michael A. The Nazi Doctors and the Nuremberg Code, New York, Oxford University Press, 1992.

3. Irónicamente, las fuentes del Código de Nuremberg fueron las Richtlinien o directivas del Ministerio de Sanidad del Reich alemán relativas a los nuevos tratamientos médicos y la experimentación científica sobre el hombre, promulgadas en 1931. Estas normativas no tuvieron parangón en su época y son el primer gran código ético sobre ensayos clínicos. Pero este código no se aplicó en los campos de concentración y el mundo asistió atónito a la revelación en Nuremberg de los experimentos sobre seres humanos que se habían efectuado durante años con los presos. El Código de Nuremberg no habla de "consentimiento informado" sino de "consentimiento voluntario".

4. Cf. Gilbert Hottois. Droits de l’ homme, en Gilbert Hottois et Marie-Hélène Parizeau Les mots de la bioéthique, De Boeck Université, Bruxelles 1993.

5. La maldad de las acciones de los médicos juzgados dejó desnuda, en Nuremberg, a la búsqueda de conocimientos originales de la ciencia y la tecnología. Progresivamene se fue confirmando la tesis de que los médicos nazis no eran víctimas del régimen sino parte activa de su desarrollo desde el darwinismo social de las teorías higiénicas. La condena moral a sus experimentos se fue extendiendo hasta el rechazo a la utilización de los datos obtenidos por los mismos en cualquier ámbito de la ciencia y especialmente de las publicaciones. Stephen Post ha recurrido al término "abominación" como concepto cultural de límites que buscan evitar el contacto con lo que es extremadamente horroroso para establecer la línea entre civilización y abismo moral o summum malum. Según él, con esa línea se recortaría del curso de nuestras experiencias ligadas históricamente de uno u otro modo a la existencia de actos  inmorales previos, una categoría de actos humanos sobre los cuales sentimos y expresamos un repudio esencial. Stephen G. Post. "The echo of Nuremberg: Nazi data and ethics ". Journal of medical Ethics, 17 (1): 42-44.

6. En junio de 1966 Henry Beecher, investigador en anestesia de la Escuela Médica de Harvard (que había colaborado durante la Guerra con la Armada Americana, señalando entre otras cosas el poder de la anestesia como "suero de la verdad"), publicó su resonante artículo Ethics and Clinical Research en el New England Journal of Medicine, uno de los desencadenantes del movimiento bioético norteamericano, que llevó al Congreso en 1973 a formar la National Commission, cuyo Belmont Report consagraría en 1978 el famoso triunvirato de los principios de la disciplina.

7. Este proceso internacional -iniciado por el Código de Nuremberg y reflejado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU 1949) y luego por otros organismos internacionales de derechos humanos- se consolida con la Declaración de Helsinki en 1964, revisada en Tokio (1975) y en Venecia (1983), según las respectivas Asambleas de la Asociación Médica Mundial (AMM). Por su parte la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas (CIOMS) producen la Declaración de Manila en 1981.

8. Específicamente sobre la tortura, en las Naciones Unidas se registran -a parte la DIDH de 1949- la Convención Contra la Tortura y Otros Tratamientos o Castigos Crueles, Inhumanos o Degradantes (1985), y los Principios de Etica Médica Relevantes para la Protección de Prisioneros contra la Tortura (1983). Por su parte, desde la Asociación Médica Mundial se ocupan puntualmente de la tortura la Declaración de Ginebra (1948) y la Declaración de Tokio (1975).

9. Varias organizaciones profesionales han establecido comités para oponerse a los abusos de los derechos humanos en todo el mundo, como la American Association for the Advancement of Science Committee on Scientific Freedom and Responsibility, que tomó intervención en denuncias de tortura formuladas por el Colegio Médico de Chile (véase Eric Stover and Elena 0. Nightingale "The medical profession and the prevention of torture" The New England Journal of medicine, vol. 313, N° 17, oct. 24, 1985). Physicians for Human Rights es otra activa organización profesional, que promovió el Tribunal de Etica de la Salud presidido por la psiquiatra Diana Kordon en Buenos Aires (Diciembre 1989). Entre los centros especializados en el tratamiento de los sobrevivientes de torturas se cuenta el Rehabilitation and Research Center for Torture Victims (Copenhage, Denmark), que protegió a los médicos uruguayos Gregorio Martirena y Hugo Sachi, y celebró en Uruguay un segundo encuentro sobre los médicos y la tortura (diciembre de 1987), ocasión en la que se constituyó el "Grupo de Montevideo" (véase Jorgen Cohn, ed. 1991. "Proceedings of the International Symposium on Torture and the Medical Profession, June 5-7, 1990". Journal of Medical Ethics 17, N° 4 (suppl.) Specíal Issue.

10. La aplicación de dichas estrategias y doctrinas a la "guerra antisubversiva" fue reconocida por numerosos jefes militares, entre ellos el General Camps, ex Jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en un artículo publicado el 4 de enero en el diario La Razón.

11. Los dos gobiernos electos en dicho período tuvieron un origen formalmente legal, pero fueron por esa razón ilegítimos y débiles; fueron derribados por nuevos golpes a menos de cuatro, y a dos años y medio de asumir el poder; este último golpe militar tuvo lugar en junio de 1966.

12. Este grupo guerrillero, además de las habituales reivindicaciones sociales e ideológicas, levanta la bandera de la soberanía política de las mayorías populares, que había sido negada o impedida de hecho por los golpes militares y casi todos los gobiernos que los sucedieron en los cuarenta años trascurridos desde el primer golpe en 1930. Esta bandera, unida a la oposición popular a la política económica y social vigente, logra cierto impacto en la sociedad. El asesinato por esta guerrilla del ex-presidente militar general Aramburu origina la caída del primer gobierno militar de este tramo, el que es sucedido por otros dos. La guerrilla va acrecentando sus acciones de copamientos, secuestros y terrorismo urbano, y su impacto, que hacia fines de 1972 y comienzos de 1973 se acompaña de significativas manifestaciones de apoyo estudiantil y juvenil. Finalmente, Perón desde el exilio manifiesta su apoyo, como forma de presionar al gobierno militar a convocar a elecciones.

13. Según el informe publicado el 7 de enero de 1980 por el gobierno militar, "Terrorismo en Argentina", entre 1970 y marzo de 1973 la guerrilla produjo 53 asesinatos, más cierto número de heridos y secuestros extorsivos; hubo tomas de instalaciones militares, policiales y pequeñas localidades. Según el mismo informe, entre marzo de 1973 y julio de 1974 la guerrilla produjo 44 asesinatos; y entre julio de 1974 y marzo de 1976, 284 asesinatos. El total de asesinatos listados hasta 1979 es de 688; el total recaudado por los principales secuestros extorsivos hasta 1975 (siete personas) es de  U$S 80.580.000.

14. En el plano político interno, la obtención de la copa del mundo de fútbol en 1978, y el cuasi conflicto militar con Chile por las islas del Canal de Beagle a fines del mismo año, fueron instrumentos para distraer a la opinión pública, mientras avanzaba también la reorganización económica.

15. Según el informe  militar ya mencionado, la guerrilla nunca tuvo el apoyo de la población, ya que sólo pudo reclutar el 0,5 % de esta última (unas 15.000 personas), lo que la mantuvo en situación de aislamiento. En un posterior "Documento Final de la Junta Militar sobre la Guerra contra los Subversión y el Terrorísmo" se sostiene que además de esos quince mil "combatientes" la guerrilla habría contado con unos 10.000 efectivos más, de apoyo. Lo notable de este último informe es que indica que de los guerrilleros sometidos a Consejos de Guerra, sólo unos 350 fueron condenados por los mismos, por haberse presentado cargos concretos que lo hicieron posible; obviamente, esto implicaría que la "victoria" se logró por "otros medios".

16. De ese total, el 30,2 % eran obreros, el 21 % estudiantes, el 17,9 % empleados, el 5,7 % docentes, y entre otros grupos menores, el 2,5 %, personal subalterno militar y policial. Independientemente de lo informado por la Comisión, se ha hablado en repetidas oportunidades de una cifra de 30.000 desaparecidos, sin indicarse una base precisa para tal estimación.

17. La ley de "punto final"es de diciembre de 1986, la de "obediencia debida" de julio de 1987, y el indulto a la Junta Militar de diciembre de 1989.

18. Los militares argentinos terminaron por elaborar positivamente la cuestión del fin y los medios en la lucha antisubversiva, comprendiendo su deber de derrotar a un enemigo violento sin entrar de alguna manera en su propia lógica. En abril de 1995 el jefe del Estado Mayor del Ejército, teniente general Martín Balza, declaró que las instituciones armadas cometieron el error de "privilegiar la individualización del adversario, su ubicación, por encima de la dignidad, mediante la obtención, en algunos casos, de esa información por medios ilegítimos, llegando incluso a la supresión de la vida" La Nación, 27/4/95.

19. España, Francia, Italia y Suecia abrieron procesos judiciales contra militares argentinos por la desaparición de algunos de sus ciudadanos durante la dictadura. El caso de las religiosas francesas desaparecidas en 1977 ha tenido pública notoriedad (sobre todo desde que el capitán Scilingo diera a conocer hace poco el lugar donde fueran arrojados al Río de La Plata), como el del matrimonio Miara extraditado por tenencia ilegítima de hijos de desaparecidos.

20. La expresión "Nunca más" es todo un símbolo nacional de las dos caras de América latina, la imaginaria y la violenta, el realismo mágico y lo real espantoso encarnados en figuras como "Evita" y el "Che", de proyección universal. La literatura de ficción sobre el trágico pasado reciente argentino merecería un capítulo aparte. Basta recordar "La Noche de los Lápices", film de Héctor Olivera (1985) cuyo argumento es un trágico episodio de represión estudiantil en La Plata, el 16 de setiembre de 1976.

21.  El Informe 1978 de Amnistía Internacional decía: "Durante 1978, Amnistía Internacional continuó recibiendo testimonios de tortura brindado por personas que han recuperado la libertad. En Argentina, la tortura está íntimamente vinculada con la desaparición de personas ya que, al parecer, probablemente se la inflige a personas detenidas en secreto en cuarteles  militares, comisarías  policiales y edificios en desuso. No obstante, también se tortura en cárceles oficiales". Amnistía Internacional. Informe 1978. Barcelona, Producciones Editoriales, 1979,  pag. 107. Y acerca de las desapariciones el mismo Informe señalaba: "A principios de 1978, se informó de graves incidentes relativos a la desaparición y asesinato de presos; La Nación declaró en su edición del 12 de febrero que la Sra. Sara Muñiz de Carranza se había puesto en contacto con las autoridades judiciales para tratar de averiguar el paradero de su hijo Gonzalo Abel Carranza. Después de haber cumplido una sentencia de tres años y medio de cárcel por  poseer literatura subversiva, salió en libertad de la cárcel de La Plata junto con otros tres presos, el 3 de febrero, a las 00.10 de la madrugada, luego de lo cual desaparecieron. En marzo, se registró el quinto caso de persona desaparecida después de recuperar su libertad de la cárcel de La Plata". La Nación es uno de los periódicos nacionales de mayor venta y su orientación siempre ha sido liberal-conservadora, por lo cual nadie podía presumir entonces algún sesgo ideológico en lo informado. Pese a este amplio conocimiento de lo que estaba sucediendo hubo una gran negación de muchos sectores sociales a la violaciones morales que suponían estos hechos. El reconstruir esta realidad es el desafío más importante a toda propuesta ética que Argentina tiene por delante.

22. En el citado Informe de Amnistía Internacional se hace referencia al "baile" ("The dance") en Argentina como rito o ceremonia en el lenguaje de la tortura. Pero es a partir de las confesiones del ex capitán de corbeta Adolfo Scilingo sobre su participación en el lanzamiento de personas al Rio de La Plata desde aviones en vuelo, y a las que los médicos procuraban una muerte "piadosa" con inyecciones sedantes, "el vuelo" ha venido a caracterizar el drama más sofisticado de la tortura en Argentina. Véase  mi comentario (José Alberto Mainetti) al respecto en El País, domingo 12 de marzo de 1995, y el libro de Horacio Verbitsky El Vuelo, Buenos Aires, Editorial Planeta Argentina SAIC, 1995.

23. De todos modos, por la procedencia social y función en la represión de los cuerpos policiales, una mayor proximidad al "trabajo sucio" permitió personajes como el médico Bergés, identificados con la peor imagen de la dictadura, al punto tal que se convirtió en el único en sufrir un grave atentado para asesinarlo durante el período democrático.

24. En 1976, algunos meses después de haber realizado el Servicio Militar Obligatorio al obtener el grado de médico, uno de estos autores (Tealdi) fue convocado por quien fuera Segundo Comandante del Regimiento en que cumpliera servicios a contribuir con su experiencia profesional en la gestión política de una intendencia que el militar había pasado a gobernar. Ese ofrecimiento se hizo entre fusiles y granadas, con civiles, militares y policías entrando y saliendo, y evaluando cómo conquistar los enclaves subversivos (entre ellos el hospital) de aquel municipio. Horrorizado y temiendo por las consecuencias de la negativa que inmediatamente supo iba a dar, en aquel momento tuvo a prueba en forma límite el compromiso con sus veinticinco años de vida y su flamante condición de médico. Es fácil imaginar que en circunstancias parecidas otros habrán tomado otro camino. Aquel militar fue denunciado posteriormente por haber participado de manera directa el 27 de septiembre de 1978 en la tortura y asesinato de quien había sido secretario de prensa del ex-presidente de  facto Lanusse.

25. Hasta el momento la única investigación de campo en Argentina sobre los médicos y la tortura durante la dictadura militar es la de Horacio Riquelme en su libro ya mencionado. Pero no faltan otros testimonios, amén de los indicados, sobre la tortura en general (por ej., L. Bonaparte "Los militares en Argentina y su método de tortura interminable", en Testimonios sobre la represión y la tortura, N° 6 Buenos Aires 1984; y FDDRP [Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas], en Testimonios... N° 7-8-9. Buenos Aires 1984); y diversos estudios sobre aspectos puntuales relacionados con la tortura y la medicina, como la participación de médicos en adopciones  dolosas de niños (E. Giberti La adopción, Buenos Aires 1987), el tratamiento de torturados (Carmen M. Rodríguez Salgado, "Bioética y rehabilitación de las víctimas de la tortura. Efectos sobre el terapeuta", comunicación al II Congreso Mundial de Bioétíca de la As. Int. de Bioética, Buenos Aires 25 al 27 de octubre de 1994), y la elaboración de los derechos humanos en los códigos de deontología médica (R. Muratorio P. "Etica y Derechos humanos en la práctica médica" (manuscrito) Academia Nacional de Medicina, Buenos Aires 1985.

26. Cf. Elaine Scarry The Body in Pain. The Making and Unmaking of the World. Oxford University Press, New York 1985.

27.  Michel Foucault Vigilar y Castigar. Siglo XXI editores, Madrid 1976. Dentro de la tipología del torturador establecida por Bydlowsky y Guiton (Rodolphe Bydlowsky, Mcheline Guiton y cols., La tortura y el torturador, Buenos Aires, Rodolfo Alonso Editor, 1973), el tipo anal está representado por los agentes nazis y el tipo fálico por los paracaidistas franceses que actuaron en Argelia. A este último parece poder asociarse la tipología del torturador argentino: jactancioso, seguro de sí mismo y exhibicionista, con especial agresividad sobre los órganos sexuales masculinos y reiteradas violaciones en el caso femenino. Por su parte, Rallo (José Rallo, "Psicología del torturador. Punto de vista psicoanalítico", en: L. Corominas y J. M. Farré, eds., Contra la tortura, Barcelona, Editorial Fontanella, 1978, págs. 95-109) ha hecho una clasificación tipológica con base psicoanalítica en torturador neurótico y torturador psicopático, perverso o psicótico. En este caso deberíamos adjudicar a este último grupo el tipo de torturador de la dictadura argentina (1976-1983). Aunque se suponen distorsiones graves de la personalidad de estos sujetos, para Rallo sin embargo "por fenómenos de clivaje o de disociación, pueden coexistir al lado de comportamientos extremadamente sádicos, otros normales e incluso hiperafectivos (Estos últimos casos emplearían los mecanismos descritros primeramente por Freud en el fetichismo y en el póstumo artículo sobre los mecanismos de escisión del yo, y posteriormente profundizados por Bion en su estudios sobre la parte psicótica de la personalidad)".

28. En el más reciente movimiento médico internacional contra la tortura y el torturador como hostis humani generis cabe destacar las acciones de la American Medical Association for the Advancement of Science, de la British Medical Association (Working Party, The Torture Report, London 1986) y la Conferencia Internacional celebrada en París en 1989 "Medicine at risk: the health professional as abuser and victim", presidida por Lilian Bernard.

29. Para un análisis de los argumentos morales sobre la tortura véase Henry Shue, "Torture", Philosophy & Public Affairs 7 (winter 1978), 124-143. Aquí se relata el caso hipotético, recogido por E. Scarry (op. cit, p. 352), de que para salvar una ciudad de una bomba nuclear se requiera torturar al trastornado que la colocó y sabe dónde está. Estos casos imaginarios se alejan perniciosamnete de la realidad y no justifican a priori romper la prohibición absoluta contra la tortura.

30. El de las "manos sucias" es un tipo de dilema moral identificado por J. P. Sartre en la pieza teatral  homónima acerca de las opciones políticas que comprometen a un grupo de resistencia durante la ocupación nazi de Europa e implica la aceptación voluntaria de una culpa en orden a lograr un mayor bien o evitar un mayor mal. Dicho sea de paso, en otra de sus obras, El Muro, explora Sartre la experiencia de la tortura como parodia de ejecución, vale decir el sufrimiento como sustituto simbólico de la muerte. (Véase E. Scarry,  op. cit, p 30-32).

31. Recientemente se ha aprobado una ley legalizando ciertas formas de tortura "moderada" en Israel, del mismo modo que se ha hecho permisible la "interrogación profunda" en la lucha contra la guerrilla del norte de Irlanda. Y si la tortura deviene inevitable, en un mundo donde el homo homini lupus sigue vivo y activo (y no sólo en los países en desarrollo) será necesario "humanizarla" y contar para ello con la ayuda de la medicina.

32. Durante el Congreso del American College of Neuropsychopharmacology de 1986 un científico alemán fue cuestionado sobre el origen de los preparados histológicos que había utilizado en sus investigaciones y que luego se comprobó procedían de cerebros de víctimas nazis sometidas a eutanasia. (Rogers B., Becker B. M.,  Gershon, E. S. et al. The brains of the Vog collection (letter). Archives of general psychiatry 45: 774-776, 1988. Citado en Christian Pross. "Breaking through the postwar coverup of Nazi doctors in Germany". Journal of Medical Ethics, 17 [Supplement] 13-16, 199l). Cercana a esta preocupación ha sido la angustiosa pregunta de la que ha sido testigo uno de estos autores (Tealdi) y que hace dos años se hacía una estudiante de una facultad de medicina argentina sobre la presunción de que los preparados anatómicos que estudiaba tuvieran origen en algún cuerpo de los desaparecidos durante la dictadura. Esta duda terible por la profundidad del abismo que interroga, pese a la intensidad moral de la luz que encierra y a la razonable probabilidad fáctica de su verdad, no se ha planteado sin embargo a ningún nivel responsable de investigación, docencia o administración de nuestras instituciones médicas. Y por su ausencia permite vislumbrar la materia de nuestra arquitectura moral futura si algo no cambia esta situación.

33. En tal sentido se inscribe la ya referida valiosa autocrítica del Jefe del Estado Mayor del Ejército, un gesto que los restantes sectores de la sociedad deberían imitar, como primer paso hacia la meta -todavía lejana - de la reconciliación nacional.

34. Nozick, Robert. La naturaleza de la racionalidad. Buenos Aires, Editorial  Paidós, 1995, págs. 80-91. (Trad. al español de Antoni Doménech, del original The Nature of Rationality New Jersey, Princeton University Flress, 1993). Un policía ofrece a dos presos en espera de juicio las siguientes opciones: si uno confiesa y el otro no, el primero queda libre y el segundo será sentenciado a doce años de prisión; si ambos confiesan cada uno de ellos recibirá diez años de prisión; y si ninguno de los dos confiesa cada uno será sentenciado a dos años de cárcel. Ambos presos razonan que les irá mejor confesando que no haciéndolo y por lo tanto ambos confiesan con lo cual son sentenciados a diez años de prisión cada uno. Pero si ninguno de los dos hubiera confesado habrían recibido sólo dos años de cárcel. Para Nozick, la teoría causal de la decisión recomienda optar por la acción dominante pero la teoría evidencial de la decisión recomienda en cambio optar por la acción cooperativa si uno cree que el otro es parecido a nosotros. Observada desde esta perspectiva, la lógica de la tortura en Argentina parece haber partido del supuesto que las víctimas optarían por la acción cooperativa de no confesar por lo cual la coerción no habría de ser simplemente lógica, sino también psicológica y basarse además en el quebranto físico. Los médicos contribuyeron con su saber científico para ese quebrantamiento de la conciencia moral por dominio sobre la voluntad extraído del cuerpo torturado.

35. Paul Ricoeur, Violencia y lenguaje, en La violencia, Bilbao 1969.

36. Aunque se presume que todos los médicos conocen el Código de Nuremberg, y que nadie lo pone en entredicho, hoy está muy lejos de ser respetado por todos. En nuestra práctica de revisión de protocolos de investigación en Argentina nos encontramos una y otra vez con profesionales que no están capacitados para saber realizar adecuadamente el consentimiento informado que ya en el punto primero del Código se declara como "absolutamente esencial". La formación tradicional de los médicos les lleva a no dar al sujeto que va a ser investigado toda la información que éste requiere para poder tomar una libre decisión. El paternalismo médico que en mayor o menor medida no respeta la autonomía del sujeto sigue siendo la característica más frecuente de observar y uno de los principales objetivos de trabajo para quienes proponemos una comprensión bioética de los problemas de la ciencia y la tecnología médicas.

37. Sobre el problema del acceso equitativo a la salud en Argentina y América latina, véase José A. Mainetti Bioethícs: A New Health Philosophy, Bulletin of the Pan American Health Organization, vol. 24, N° 4, 1990 (Special Issue on Bioethics).

38. Dicha posición conservadora se refiere especialmente a la influencia de la Iglesia Católica en materia de bioética, sobre todo la relativa a sexualidad y a reproducción. Véase José A. Mainetti Medical Ethics. History, V The Americas. D. Latin America en Encyclopedia of Bioethics, ed. por Warren T. Reich, Mc  millan Pub. Co., New York 1995.

39. Cf. José A. Mainetti AIDS: The Bioethícal Epidemic and Transcultural Scientific Challenge. A Study of the Social Construct of AIDS. Pan American Health Organization. Ethics and Law in the Study of AIDS. Scientific Publication N° 530, 1992.

40. Juan Carlos Tealdi Legal and political responses to AIDS in Argentina, en Stan Frankowski and Scott Burris (eds.) Legal Responses to AIDS. A Cross-Cultural Perspective (en prensa).

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